El ciberataque al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha costado al menos 2,1 millones de euros, que se han gastado en la contratación de servicios profesionales externos para tratar de dar solución al ciberataque. De este suceso hace ya tres meses, pero aún se registran multitud de incidencias en algunos servicios que entorpecen seriamente el trabajo diario a muchos funcionarios.
Pese a los fondos destinados, el Ministerio de Trabajo y Economía no ha logrado tres meses después que todos sus servicios se presten con total normalidad. Es el caso de los inspectores y subinspectores de Trabajo, que alertan de la posible caducidad o prescripción de actuaciones ya realizadas por las incidencias técnicas que siguen sufriendo a diario.
